Hoy es jueves, 8 de enero de 2026. Hace unas semanas que empecé este proyecto y, desde entonces, he dedicado mis tardes y parte de mis vacaciones a elaborar entradas para este blog, propugnando una modernización de la Justicia que, visto el estado actual, parece sacada de una novela de ciencia ficción. 

Creo esta entrada porque creo que existe una contradicción dolorosa en mi proyecto Justicia en Código. Hablamos de inteligencia artificial y automatización mientras trabajamos en condiciones que no reúnen los mínimos de eficiencia ni dignidad exigibles.

A la ilusión que me genera abordar el fenómeno de las nuevas tecnologías aplicadas al día a día del juzgado, le acompaña una realidad despiadada que se hace tangible desde el momento en el que uno pone un pie en ese bajo reconvertido en sede judicial.

La glamurosa entrada a los Juzgados de lo Penal de Tarragona

Nada más entrar, empieza el espectáculo: hace años que se retiraron los carteles de la Fiscalía, pero a nadie se le ocurrió limpiar los restos o adecentar la fachada. Ahí siguen las marcas, como cicatrices de una mudanza inacabada, proyectando una imagen de dejadez que cualquier empresa privada consideraría inasumible. Esa falta de atención al detalle, incluso por pura estética y presentación ante el ciudadano, ya nos advierte de lo que encontraremos al cruzar la puerta: un sistema en decadencia.

Y es que basta con superar el arco de seguridad y dirigirse al fondo del pasillo para que uno pueda deleitarse con ese agujero en el techo que lleva tiempo hidratando intermitentemente a las decenas de personas que procesionan diariamente por el juzgado. Supongo que con los periódicos en el suelo y la fregona preparada en la esquina bien podría decirse aquello de "quien avisa no es traidor..."




Mi amigo, el agujero en el techo

Y es que la precariedad no es una metáfora, es algo que cruje bajo mis pies. El estrado de la sala de vistas está fisurado, quebrado incluso en puntos que amenazan con ceder a cada paso, habiendo provocado el tropiezo de más de una persona. Ayer mismo uno de los tablones sobre los que se sitúa la silla de la auxilio judicial se hundió 1 centímetro tras un sonoro "clac", acompañado por las risas nerviosas de los que allí nos encontrábamos. No es el peso de la Justicia lo que lo hizo quebrarse, sino el del abandono institucional y la falta de medios.

Tarima del estrado rota y levantada

Lo más desolador es ver cómo el abandono se vuelve crónico. Cuando el archivo del juzgado se inundó, la solución no fue un plan de contingencia, sino funcionarios con secadores intentando salvar documentos, ventiladores a todo trapo o expedientes tomando la brisa matutina en la sala de vistas, esperando secarse.

Sala de vistas llena de expedientes empapados

Hoy, esos folios pegados entre sí todavía crujen al pasar cada página, recordándonos lo humillante de la situación. 

Tecnología punta secando expedientes


Y sé bien lo que alguno será capaz de alegar: "es que en Tarragona ya está proyectada la nueva Ciudad de la Justicia". Sí, sin duda es una buena noticia tras años de retrasos, esperas y maltrato institucional, pero lo cierto es que los planos firmados por un arquitecto no van a secar los expedientes ya mojados. Las promesas de futuro no reparan la falta de dignidad del presente. Ello, además, dejando de lado que por ese solar han pasado ya tantas personalidades a hacerse la foto que, al final, de tanta "primera piedra" en "primera piedra", van a terminar levantando el edificio ellos mismos. 

Pero es que incluso obviando unas instalaciones más que deficitarias, la ausencia de medios se vislumbra en muchos otros ámbitos: aún recuerdo con incredulidad cuando en febrero de 2024 tomé posesión en el juzgado, procedente de otra Comunidad Autónoma, y pedí algo tan simple como notas adhesivas (pósits) para anotar instrucciones a los funcionarios, y me explicaron que aquí la Generalitat no provee de dicho material, por cuanto entienden que "como hay expediente electrónico, no hacen falta".

Una pared cualquiera del juzgado

Aquí una prueba del "expediente electrónico": 1.500 asuntos en papel pendientes de enjuiciar que colapsan mi juzgado y el partido judicial en general.

Si estos males los sufriera solo el Juzgado de lo Penal 2 de Tarragona  la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Tarragona, Plaza 2, uno asumiría gustosamente el papel de mártir y pondría la otra mejilla. Sin embargo, estos males afectan a un número desproporcionado de sedes judiciales a lo largo de nuestro país, donde las goteras o los techos que literalmente se caen son el pan de cada día.

La cosa no acaba aquí, pues si los males de nuestra justicia se limitaran a fachadas ruinosas, archivos que se inundan o usuarios que se mojan en los pasillos, bien podríamos considerarnos afortunados. La dolencia, sin embargo, es mucho más profunda.

El sistema se desmorona en cada engranaje que debería hacerlo funcionar, y lo vemos en la ausencia de médicos forenses y peritos judiciales, que ante una carga de trabajo inabarcable se ven forzados a entregar informes cada vez más escuetos, meras sombras de lo que deberían ser. Lo sufrimos en la infradotación de psicólogos y trabajadores sociales, cuyos informes (vitales para el destino de la causa) se demoran meses o años, dilatando un ya de por sí dilatado procedimiento. Se advierte en los desbordados efectivos policiales que hacen auténticos malabares para cubrir los traslados de detenidos y presos. Y qué decir del gran clásico de los juzgados de costa: esa carencia crónica de intérpretes que me ha obligado, una y otra vez, a suspender incontables señalamientos.

Como broche final a este desastre, nos encontramos con el gran mal endémico que es la carencia estructural de jueces y fiscales. España opera con una ratio de 11,6 jueces por cada 100.000 habitantes, un dato que nos sitúa a una distancia abismal de los 17,43 que registra la media europea. No estamos ante un número vacío, sino ante una realidad demoledora. Si tenemos un volumen ingente de trabajo a repartir entre un número insuficiente de profesionales, la consecuencia es una pérdida de tiempo de dedicación por cada causa y un estancamiento de la capacidad resolutiva. 

Esta es la lógica perversa que nos lleva a acumular  en Tarragona una media de 1.500 causas pendientes por juzgado y a señalar juicios con una demora de dos años. Es lo que ha terminado por convertir a los conocidos como Juicios (supuestamente) Rápidos en una mentira semántica, pues su celebración se está demorando ya hasta un año y tres meses.

Esos números no son abstracciones, son años de vida suspendida en un limbo burocrático. Cuando hablamos de dos años de espera para un juicio, hablamos de un tiempo que puede multiplicarse de forma cruel si surge cualquier contratiempo o suspensión. Esa es la razón por la que hoy me veo juzgando con habitualidad hechos que ocurrieron en 2018 (mi récord es 2004), procesos que han sobrevivido a un laberinto de infortunios durante más de una década.

En este largo laberinto procesal, la justicia se vuelve un concepto etéreo porque los recuerdos se nublan, los testigos olvidan las facciones de sus agresores y algunos incluso mueren esperando ser escuchados. Al mismo tiempo, el investigado que finalmente resulta absuelto habrá cargado con una pena de banquillo que no recuerdo en qué apartado del artículo 33 del Código Penal debe estar, pero cuya realidad es evidente.

Llevo años escuchando que la situación es crítica, pero me niego a usar ese adjetivo. Algo en estado crítico es algo que aún late, que exige una atención urgente para salvarse, que todavía tiene pulso. Lo que yo vivo cada día no es una crisis: es un fallecimiento. Asumo con un dolor intenso que mi labor se ha convertido en salvar los muebles, en sacar resoluciones como churros y rezar por ser capaz de apagar todos los incendios que arden durante el día a día en un juzgado. Que quede claro: esta no ha sido una muerte repentina, sino una muerte anunciada ante la que solo se ha recetado paracetamol cada ocho horas. 

Llegados a este punto, yo me consuelo diciendo que poco pasa para lo mal que estamos, pues veo a diario como el trabajo sale adelante por una acumulación de buena suerte, milagros, casualidades y mucho esfuerzo y buena voluntad por parte de todos los implicados.

Toda esta situación me devuelve inevitablemente a mi estancia en la Escuela Judicial, cuando un gran profesor nos lanzó una advertencia: "no os confundáis, en los juzgados administramos miseria". En aquel entonces, uno no llega a ser del todo consciente de la gravedad de lo que aquello implicaba, y lo contemplas como un exabrupto propio de quien, cansado, lleva toda una vida en el oficio. Sin embargo, la crudeza del día a día en el juzgado ha terminado por demostrarme que la realidad excede, con creces, lo miserable. Y esta visión no es solo mía, pues cualquier abogado, procurador, funcionario o ciudadano que haya tenido el infortunio de relacionarse con la Administración de Justicia podrá atestiguar, punto por punto, cada palabra escrita en esta entrada.

Si la situación ya es, de base, crítica, poco puedo decir del estado de modernización de la justicia. Hasta parece temerario hablar de modernización con el panorama actual. Sin embargo, en mi caso fue precisamente este escenario dantesco el que me empujó a tomar la decisión de crear esta iniciativa como un proyecto personal, pues tengo la certeza de que estamos abandonados. Resulta muy ilustrativo que la modernización del sistema no nazca de una estrategia institucional sólida sino que tenga que surgir del tiempo libre y el esfuerzo de jueces que ya tienen bastante con intentar sobrevivir a la carga de sus destinos. 

Y es que la mayor innovación y mejora tecnológica que han sufrido los Juzgados de lo Penal  las Secciones penales del Tribunal de Instancia de Tarragona ha sido la reciente instalación de una pantalla en la entrada donde se muestra una proyección del futuro edificio judicial. Nada más.


Innovación 2.0

Para todo lo demás, la modernización ni está ni se le espera. He perdido la cuenta de el número de juicios que he tenido que suspender porque no se ve y/o no se oye a la persona que comparece por medio de videollamada; o la de tiempo que he llegado a perder cuando el sistema de firma deja de funcionar de forma aleatoria.

Al final, resulta asombroso que se haya permitido la muerte lenta de un servicio público tan vital. En mis inicios llegué a pensar, de forma algo ingenua, que la falta de inversión se debía a que no éramos una administración rentable. Sin embargo, solo hay que mirar las cifras astronómicas que se recaudan para las arcas públicas mediante la ejecución penal para entender que la falta de ingresos no es el motivo de este desamparo. Una vez que eliminamos la excusa económica de la ecuación, la realidad se vuelve mucho más inquietante. Invito a cada uno a meditar seriamente sobre los motivos reales por los que se ha preferido mantener una justicia tan frágil y debilitada.

Pero volviendo al mundo de la modernización, es cierto que, tímidamente, van apareciendo pinceladas de tecnología en nuestro entorno de trabajo. Sin embargo, estos pequeños avances resultan insuficientes ante la magnitud del colapso estructural que sufrimos cada día. No basta con parches aislados cuando la base del sistema sigue anclada en la precariedad y en la falta de medios básicos.

Nuestra profesión ha sufrido múltiples ataques a lo largo de la historia, provenientes de todos los frentes y de las más diversas naturalezas. Sin embargo, el que a mí me resulta más difícil de sobrellevar es el ataque a la dignidad. Trabajar entre humedades, techos que se desploman y expedientes que crujen por el agua no constituye únicamente una carencia de medios, sino un mensaje institucional de desprecio hacia la función que desempeñamos y, sobre todo, hacia el ciudadano que acude en busca de justicia. Esta precariedad física es el síntoma más visible de una infraestructura agotada y de un nivel de modernización que, por su ausencia, nos mantiene anclados en una realidad impropia del siglo XXI.